El 24 de mayo de 2023 el Congreso de los Diputados aprobó la Ley por el Derecho a la Vivienda, cuyo objetivo principal era promover el acceso a la vivienda, especialmente entre los colectivos más vulnerables. Pero la medida más destacada, y objeto principal de esta Ley, es que las Comunidades Autónomas pueden declarar zonas de mercado tensionado y, de esta manera, introducir límites en el precio de los alquileres, creando por primera vez un mercado libre y otro intervenido. Sin olvidar que, además de esta medida, la Ley de Vivienda contiene 36 artículos que cambian varios aspectos que tienen que ver con los arrendamientos urbanos, y que afectan directamente a arrendadores, arrendatarios, empresas y profesionales del sector.
Dos años después de su aprobación, no solo no ha mejorado el acceso a la vivienda, sino que los efectos perniciosos de esta norma han recrudecido este problema, debilitando el alquiler residencial, provocando una destrucción de la oferta de alquiler nunca vista hasta ahora y batiendo todos los récords de precios en prácticamente todas las provincias del país. El alquiler residencial o de larga duración es hoy, dos años después de esta norma, el gran perjudicado, y esta escasez afecta día a día a los inquilinos de toda España, y especialmente a los inquilinos que residen en las zonas declaradas de mercado tensionados, cuyo epicentro es Barcelona.
Con el objetivo de mejorar la protección de los inquilinos, la ley de vivienda ha generado una brecha con los propietarios, que, ante el desamparo jurídico, han huido del mercado de alquiler residencial, ahondando en el grave problema de escasez de oferta que arrastra el mercado. La falta de viviendas para alquilar, sumada a un crecimiento firme de la demanda, han disparado los precios, lo que, en definitiva, ha perjudicado el acceso a un hogar para muchos jóvenes y familias.
¿CÓMO ESTABA EL ALQUILER ANTES DE LA LEY DE VIVIENDA?
Durante la pandemia de coronavirus, el mercado del alquiler, igual que otras áreas de la economía, se vio fuertemente afectado por las restricciones de movilidad. Sin embargo, cuando empezó a normalizarse la situación, afloró gran cantidad de oferta de propietarios que buscaban en el alquiler residencial una mayor estabilidad y seguridad en tiempos de incertidumbre.
El número de viviendas que salió al mercado en 2021 fue de récord, superando el millón. Sin embargo, tras la pandemia, la oferta se contrajo, como era de esperar, y, con la entrada en vigor de la ley de vivienda, la escasez se ha ido agravando progresivamente año tras año. A esto se suma un claro aumento de la demanda, con cada vez más personas buscando un inmueble para vivir de alquiler, especialmente en las grandes ciudades.
Es natural que, tras la anulación de las restricciones impuestas por la pandemia, el mercado se reequilibrará y la oferta sufriera una merma moderada. Con todo, en 2022 salieron al mercado del alquiler un total de 855.518 inmuebles. Ya entonces se empezaba a hablar de las intenciones del Gobierno de impulsar una ley para regular los precios, aunque las discrepancias entre los grupos políticos retrasaron su aprobación hasta el año siguiente.
A partir de aquí, la inseguridad jurídica introducida por la nueva normativa y la ausencia de medidas para fortalecer el alquiler residencial redundaron en la pérdida de oferta, que ha ido encadenando caídas año tras año. En 2024, el total de inmuebles comercializados en España fue de 734.662, una reducción de más de 120.000 viviendas en tan solo dos años. Para este 2025, la previsión es que la cifra siga disminuyendo hasta las 681.920.
Evolución de la oferta de viviendas disponibles para alquilar
¿Cómo se explica la desaparición de todas estas viviendas del mercado? La ley de vivienda ha generado una amplia asimetría entre el alquiler residencial y otras modalidades de arrendamiento. Así, muchos propietarios, preocupados por el intervencionismo de este mercado, han optado por otras alternativas.
La mayoría han huido hacia el alquiler temporal y de habitaciones, en el que no se aplica el control de precios que afecta al residencial. Algunos grupos políticos y Administraciones públicas han mostrado su preocupación por el uso fraudulento de los arrendamientos de temporada, pero, hasta ahora, no han logrado impulsar una regulación para contener este fenómeno. A nivel nacional, un 14% de las viviendas se promocionan en modalidad temporal.
Además del temporal, otra vía de escape ha sido la venta. Muchos propietarios han optado por evitar quebraderos de cabeza y, ante la inseguridad e incertidumbre del mercado del alquiler, han preferido vender sus inmuebles. Otros directamente han decidido cerrar sus viviendas y dejarlas vacías. Por ejemplo, en la ciudad de Barcelona, el Ayuntamiento realizó un censo de viviendas vacías en 2019 que señaló que suponían el 1,2% del parque total. Sin embargo, los datos más actualizados del Instituto Nacional de Estadística apuntan a que esa cifra se habría elevado ya al 9,3%, un incremento muy elevado de viviendas vacías que coincide con la Ley de Vivienda y la aplicación de las zonas tensionadas.
Otros propietarios, aunque son los menos, han optado también por convertir sus inmuebles en pisos turísticos, cuyo impacto en el mercado del alquiler residencial, contrario a la creencia popular, es muy limitado, ya que se encuentran en algunas zonas muy específicas, como los centros urbanos o las localidades costeras. Sin embargo, su peso sobre el parque inmobiliario total de la mayoría de ciudades es prácticamente testimonial, según un análisis del Observatorio del Alquiler, e insuficiente para resolver el problema de acceso a la vivienda. Por ejemplo, en la ciudad de Madrid, las viviendas de uso turístico representan el 1,1% del parque total, mientras que en Barcelona son el 1,4%.
Parejo a la reducción de la oferta, la presión de la demanda ha ido creciendo, especialmente tras la entrada en vigor de las primeras zonas tensionadas, que la elevaron hasta cotas absolutamente inasumibles por un mercado equilibrado.
La presión de la demanda se refiere al número de personas que se interesan por cada vivienda que sale al alquiler en un periodo de diez días. Antes de la entrada en vigor de la ley de vivienda, cada inmueble recibía unos 37 contactos en este plazo de tiempo. Ahora, el dato se ha elevado hasta los 112, es decir, se ha multiplicado por tres.
Evolución de la presión del alquiler
Este desequilibrio se ha traducido en importantes aumentos del precio de los alquileres, que desde la introducción de la ley de vivienda han subido un 26,5%, superando por primera vez los 1.000€ de media. Antes de la aprobación de la norma, el precio medio por alquiler una vivienda en España era de 906€. Ahora, se sitúa ya en torno a los 1.146€, aunque con diferencias muy significativas por territorios.
Conociendo la situación que reflejan estos datos, parece evidente que la ley de vivienda no ha logrado mejorar el acceso de los inquilinos españoles a un hogar en alquiler. La escasez de oferta y las subidas de los precios hacen cada vez más difícil para muchos jóvenes y familias encontrar una vivienda que se ajuste a sus necesidades y a su presupuesto.
¿CÓMO HA CAMBIADO EL ALQUILER EN LAS PRINCIPALES PROVINCIAS DEL PAÍS?
- MADRID
Los efectos de la ley de vivienda se han dejado notar en prácticamente todo el país, aunque es cierto que algunas zonas se han visto más afectadas que otras. La Comunidad de Madrid es uno de los territorios con mayores niveles de presión y de precio, aunque muy lejos de otras provincias como Barcelona.
Antes de la ley de vivienda, la presión de la demanda en Madrid era de 40 interesados por vivienda. Ahora, la cifra se ha disparado hasta los 101. Este aumento está estrechamente relacionado con la reducción de la oferta que ha experimentado esta región que, si bien no es tan acusada como en otras zonas, no deja de ser significativa.
Así, el último año antes de la aprobación de la Ley, salieron al mercado madrileño un total de 176.206 inmuebles. El año pasado, el último del que hay registros, la cifra se redujo hasta los 149.928, aunque la estimación para 2025 apunta a que seguirá reduciéndose hasta las 146.112 unidades.
La pérdida de oferta y el aumento de la presión sitúan a Madrid como la tercera provincia con el alquiler más caro de España, con una media de 1.558€. Sin embargo, antes de la ley de vivienda, el precio era de 1.229€.
- BARCELONA
Barcelona es, posiblemente, la provincia más castigada por la entrada en vigor de la ley de vivienda, especialmente desde que en marzo de 2024 se introdujo la primera zona tensionada de España, que afectó a la práctica totalidad del territorio.
La ley de vivienda permite a las autoridades autonómicas declarar zonas tensionadas en sus territorios. Entre otras cosas, esta decisión permite limitar los precios del alquiler para evitar que puedan subir al finalizar el contrato de arrendamiento. El propósito de esta medida era frenar las subidas de precios y promover el acceso a la vivienda, pero, tal y como ya advirtieron muchas voces, hasta ahora solo ha servido para destruir la oferta de inmuebles disponibles y estimular los mercados alternativos.
Y es que antes de esta ley, se comercializaban en Barcelona un total de 123.279 viviendas. Sin embargo, en 2024 este dato cayó en más de 28.000 inmuebles, hasta los 95.216, convirtiendo a esta provincia en la que más oferta ha perdido en este tiempo. Además, el comportamiento que se ha observado hasta ahora no dibuja unas previsiones optimistas para 2025: previsiblemente, este año saldrán al mercado solo 83.117 casas.
La realidad es que la ley de vivienda ha supuesto un mazazo para la oferta de alquiler residencial en Barcelona. Muchos propietarios han huido hacia alternativas que perciben como más seguras. De hecho, mientras que en territorios como Madrid el 15% de los inmuebles promocionados son arrendamientos temporales, en la provincia catalana este porcentaje se eleva hasta el 52%. Es decir, más de la mitad de la oferta barcelonesa se comercializa en modalidad de temporada.
Aunque en menor medida, también se aprecia un aumento de la vivienda vacía en esta provincia. Por ejemplo, en el caso de la capital, ha crecido desde el 1,2% que calculaba el Ayuntamiento de la ciudad condal en 2019 hasta el 9,3% actual. Si se compara con ciudades similares, como Madrid (6,3%), se encuentra tres puntos por encima.
Así las cosas, no es de extrañar que la presión de la demanda se haya disparado hasta cotas sin precedentes, dibujando una situación de grandes dificultades para que los inquilinos puedan acceder a una vivienda en Barcelona. Hace dos años, cada inmueble que salía al mercado contaba con unos 77 interesados. Pero ahora la cifra se ha multiplicado hasta alcanzar los 341. En este escenario, y más allá del precio, la escasa oferta no puede asumir tal cantidad de personas que demandan una vivienda de alquiler residencial.
Pese a las limitaciones de precios, Barcelona se mantiene como la provincia más cara para alquilar una vivienda en España. El desequilibrio entre la oferta y la demanda ha seguido empujando al alza los precios, que desde la aprobación de la ley de vivienda han pasado de los 1.302€ a los 1.649€.
- VALENCIA
Valencia se sitúa como uno de los territorios donde más ha crecido el alquiler en estos años, dando lugar también al agravamiento de los problemas de acceso a la vivienda, que la ley de 2023 no ha sabido atajar. Si antes de esta normativa 68 personas contactaban con cada inmueble que salía al mercado, ahora la presión alcanza ya los 100 interesados.
Sin embargo, en este territorio la reducción de la oferta ha sido más moderada. En 2022 salieron al mercado valenciano un total de 45.891 viviendas, pero dos años después el número se contrajo hasta las 42.673, una pérdida de poco más de 3.000 unidades. Con todo, la previsión para este año es que caiga hasta las 40.919.
Donde sí se ha notado el cambio es en los precios. Antes de la ley de vivienda, los inquilinos valencianos pagaban de media 823€ por el alquiler de una vivienda. Ahora, esa cifra ha superado ya la barrera de los mil, y alcanza ya los 1.081€.
- MÁLAGA
Málaga es una de las pocas provincias donde la ley de vivienda no ha tenido un efecto en la destrucción de oferta. Se trata de uno de los mercados que más crecen en el país, que tras años de expansión se sitúa ya como la tercera que más inmuebles comercializa cada año, solo superada por Madrid y Barcelona.
Aquí, la oferta total en 2022 era de 40.913 viviendas. Sin embargo, el crecimiento de su mercado elevó la cifra el año pasado hasta las 48.206. Además, las previsiones son optimistas, ya que todo apunta a que este 2025 se consolidará esta tendencia, pudiendo alcanzar incluso las 51.377.
Con todo, el crecimiento de la oferta no ha sido capaz de absorber el aumento de la demanda. Antes de la aprobación de la ley de vivienda, 51 personas se interesaban por cada inmueble que se ofertaba en un plazo de diez días. Dos años después, el dato ha subido hasta las 75.
Pero eso no es todo. Málaga es también una de las provincias donde más han crecido los precios del alquiler en este tiempo, pasando desde los 901€ hasta los 1.258€, lo que lo convierte en uno de los territorios más caros del país y, sin duda, el más alto de Andalucía.
- BALEARES
La situación del mercado del alquiler en las Islas Baleares ya era una de las más preocupantes antes de la entrada en vigor de la ley de vivienda. En esta región, la presión ya era la más alta entonces, con 81 interesados por cada inmueble, pero esa cifra ha crecido ahora hasta los 142 contactos por oferta.
También los precios se han disparado en Baleares. Si bien ya antes de la ley de vivienda era el segundo territorio más caro para vivir de alquiler en España, con una media de 1.286€, ahora el precio se ha disparado y ya supera los 1.641€.
La oferta, por su parte, también se ha reducido en este tiempo, aunque menos que en otros lugares. En 2022, salieron al mercado balear 39.556 viviendas, un dato que para 2024 ya se redujo en unas 6.500 unidades, hasta las 32.986. En cambio, la tendencia parece que se revierte, puesto que en 2025 la oferta podría repuntar hasta los 33.604 inmuebles en promoción.
- VIZCAYA
De nuevo con Vizcaya se observa algo parecido a lo sucedido en Barcelona: esos territorios donde se han ido poniendo en marcha planes para declarar zonas tensionadas, y así poder intervenir los precios del alquiler, han sido los más castigados por la ley de vivienda.
El primer municipio en ser declarado zona tensionada en Vizcaya fue Galdácano, que no obtuvo este reconocimiento hasta abril de 2025. Sin embargo, el Gobierno vasco lleva tiempo anunciando que estaría dispuesto a impulsar esta medida en las ciudades que así lo soliciten. Está previsto que en el futuro lo haga también Bilbao, que se sumaría así a toda una lista de localidades vascas donde ya se habría decretado esta opción, como Rentería o Zumaia y, previsiblemente, San Sebastián.
La entrada en vigor de la ley de vivienda ha sido devastadora para la provincia de Vizcaya. Si bien es cierto que ya antes era una provincia con poca oferta en comparación con otros lugares de población similar, el número de inmuebles disponibles para alquiler se ha reducido en este tiempo en más de un 55%, pasando desde los 14.211 a los 6.260, y la estimación para 2025 es que siga cayendo hasta los 5.455.
Como consecuencia, el número de interesados por vivienda se ha disparado en uno de los mayores crecimientos del país. Si antes de la ley de vivienda la presión se encontraba en unos niveles de cierto equilibrio, con unos 16 contactos por oferta, tras su aprobación ha escalado hasta los 113.
El precio también ha subido, aunque en línea con el resto de provincias. Hace dos años, los inquilinos pagaban 1.003€ por el alquiler de una vivienda en Vizcaya. Ahora, el precio medio es de 1.289€, entre los más caros del país.
- LAS PALMAS
Las provincias canarias se encuentran entre las zonas donde más han subido la presión de la demanda y el precio del alquiler en estos dos últimos años. En el caso de Las Palmas, el número de interesados por cada inmueble que salía al mercado antes de la ley de vivienda era de 81. Ahora, la cifra ha crecido hasta los 142, impulsada también por la posibilidad de la capital isleña sea declarada zona de mercado tensionado. En cuanto al precio, ha pasado en este tiempo de los 816€ a los 1.112€.
En cambio, la oferta de viviendas disponibles para alquilar se ha reducido en este tiempo. El año anterior a la aprobación de la ley, se comercializaron en Las Palmas un total de 26.019 inmuebles, mientras que en 2024 la cifra cayó hasta los 18.809. Observando el comportamiento que ha tenido esta provincia en los primeros meses del año, la previsión para 2025 es que la tendencia a la baja se modere, y que el total de viviendas que salgan al mercado ronde los 18.057.
- SANTA CRUZ DE TENERIFE
Algo parecido ha sucedido en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Aquí, 67 personas contactaban con cada vivienda nueva en un plazo de diez días antes de la aprobación de la ley de vivienda. Sin embargo, dos años después, la presión se ha disparado hasta los 100. También el precio ha experimentado una de las subidas más acusadas, desde los 783€ hasta los 1.064€, aunque se mantiene por debajo al de Las Palmas.
La oferta, como sucedía en su provincia vecina, también se ha reducido. Un total de 21.111 viviendas se pusieron en alquiler en el año 2022, justo antes de que entrara en vigor la ley de vivienda. Dos años después, salieron al mercado 14.792 inmuebles. Aunque en este caso las estimaciones para 2025 sí que apuntan a una ligera recuperación, pudiendo alcanzar las 15.235 unidades.
- SEVILLA
Aunque tiene más población que Málaga, el mercado del alquiler sevillano es menos dinámico que el de la otra provincia andaluza. Así, hasta 29.346 viviendas se ofertaron en Sevilla el año anterior a la ley de vivienda, un dato que en 2024 se contrajo hasta las 24.111. Y seguirá haciéndolo este próximo año, ya que las previsiones para 2025 apuntan a que esta tendencia se recrudecerá y la oferta podría caer hasta los 20.896 inmuebles.
Con todo, los niveles de presión y de precios se muestran más moderados que en otras provincias de un tamaño similar. Así, en Sevilla, cada vivienda que sale al mercado registra un total de 63 interesados en diez días. Antes de la ley de vivienda, eran tan solo 20.
El precio también ha subido en estos dos años, aunque se mantiene por debajo de la barrera de los mil euros. Así, ha pasado en este tiempo de los 784€ hasta los 936€ que pagan los inquilinos sevillanos actualmente por arrendar un inmueble aquí.
- ALICANTE
La provincia de Alicante es otra de las que tienen uno de los mercados del alquiler más dinámicos del país, aunque la entrada en vigor de la ley de vivienda también ha afectado considerablemente a sus niveles de oferta. En 2022, se arrendaron un total de 41.348 inmuebles, pero esta cifra se redujo hasta los 34.126 tan solo dos años después. La previsión para 2025 apunta a que se mantendrá esta tendencia, con una estimación de unas 33.172 viviendas.
La presión aquí, en cambio se mantiene más estable, aunque debe reconocerse que ha fluctuado mucho a lo largo de estos dos años. Antes de la pandemia el número de interesados por vivienda era de 20. Ahora se sitúa en 55, aunque a lo largo del año pasado llegó a alcanzar los 84.
El precio, igual que en otras provincias, también ha ido creciendo en este tiempo. Antes de la ley de vivienda, un alquiler en Alicante costaba alrededor de 737€. Ahora, la media se ha elevado hasta los 974€.
OFERTA | PRESIÓN DE LA DEMANDA | PRECIO | ||||
Antes de la ley de vivienda | Después de la ley de vivienda | Antes de la ley de vivienda | Después de la ley de vivienda | Antes de la ley de vivienda | Después de la ley de vivienda | |
BARCELONA | 123279 | 95216 | 77 | 341 | 1302 | 1649 |
BALEARES | 39556 | 32986 | 81 | 142 | 1286 | 1641 |
LAS PALMAS | 26019 | 18809 | 29 | 134 | 816 | 1112 |
VIZCAYA | 14211 | 6260 | 16 | 113 | 1003 | 1289 |
NACIONAL | 855518 | 717338 | 37 | 112 | 906 | 1146 |
MADRID | 176206 | 149928 | 40 | 101 | 1229 | 1558 |
S. C. DE TENERIFE | 21111 | 14792 | 67 | 101 | 783 | 1064 |
VALENCIA | 45891 | 42673 | 68 | 100 | 823 | 1081 |
MÁLAGA | 40913 | 48206 | 51 | 75 | 901 | 1258 |
SEVILLA | 29346 | 24111 | 20 | 63 | 784 | 936 |
ALICANTE | 41348 | 34126 | 40 | 55 | 737 | 974 |
¿QUÉ HA PASADO CON LA VIVIENDA PÚBLICA?
Otro de los objetivos de la ley de vivienda era promocionar la vivienda pública como vía de acceso a la vivienda para la población más vulnerable y como estrategia para frenar las escaladas de precios. El último Boletín especial de Vivienda Social, elaborado por el Observatorio de Vivienda y Suelo del Ministerio de Vivienda, incluía un importante crecimiento de estos hogares, que pasaban del 2,5% registrado en la anterior edición al 3,4%. Los distintos responsables del Ministerio de Vivienda mostraron estos datos como un logro de la Administración Central.
Sin embargo, este incremento porcentual de vivienda social se debe, fundamentalmente, a que se ha incorporado al conteo las viviendas asequibles incentivadas de titularidad privada y de otras entidades sociales destinadas a alquiler a precio por debajo de mercado, y no tanto por un aumento de la construcción de vivienda pública.
Así, una vez analizados los datos por el Observatorio del Alquiler, el número total de viviendas sociales en España ronda los 596.693. De estas, alrededor de 318.000 serían de titularidad pública. El resto, 278.693 inmuebles, serían viviendas asequibles incentivadas u otro tipo de viviendas sociales de propiedad privada, como por ejemplo las que aporta el tercer sector.
El concepto de vivienda social incentivada, de hecho, nace con la ley de vivienda y se refiere a todas aquellas “viviendas de titularidad privada, incluidas las entidades del tercer sector y de la economía social, a cuyo titular la Administración competente otorga beneficios de carácter urbanístico, fiscal, o de cualquier otro tipo, a cambio de destinarlas a residencia habitual en régimen de alquiler a precios reducidos, o de cualquier otra fórmula de tenencia temporal, de personas cuyo nivel de ingresos no les permite acceder a una vivienda a precio de mercado”.
Así, a pesar de que el aumento de viviendas sociales gracias al esfuerzo de la iniciativa privada es altamente positivo, lo cierto es que el aumento del parque público sigue siendo un compromiso al que el Gobierno y las administraciones públicas no están sabiendo dar respuesta. Pese al crecimiento de estos años, España sigue todavía muy lejos de la media europea, donde la vivienda social supone el 8% del parque, con algunos países, como Países Bajos, donde supera el 30%.
Es necesario recordar que las Administraciones que solicitan la declaración de zonas tensionadas en sus territorios están obligadas a presentar un programa específico de medidas dirigidas a promover fórmulas de colaboración con otras administraciones y con el sector privado para estimular la oferta de vivienda asequible, para diseñar medidas de financiación específicas que puedan favorecer a la contención o reducción de los precios de alquiler o venta, y para establecer medidas o ayudas públicas adicionales.
Así, por ejemplo, la Generalitat de Cataluña, la primera en declarar zonas tensionadas, presentó un plan que se ponía por objetivo alcanzar el 15% de viviendas destinadas a políticas sociales en un plazo de veinte años, con el 9% dedicadas, específicamente, al alquiler social.
Se trata de un objetivo muy ambicioso. Los propios cálculos de la Generalitat apuntan a que, para lograr este objetivo, deberían incorporarse alrededor de 300.000 viviendas. Para lograrlo, se proponían vías como la promoción de obra nueva, la adquisición de propiedades, la adquisición del uso de viviendas o la movilización del parque existente.
El Gobierno catalán se proponía incluso elevar el objetivo del 9% de viviendas de alquiler social al 10,3% en algunas zonas específicas consideradas de demanda fuerte y acreditada. Sin embargo, teniendo en cuenta que actualmente este porcentaje se encuentra en torno al 1,7%, parece que alcanzar esa tasa será una tarea muy complicada.
Según el Ministerio de Vivienda, en 2024 se otorgaron en Cataluña 1.893 calificaciones definitivas de vivienda protegida, la gran mayoría, además, destinadas a propiedad. A este ritmo, parece difícil alcanzar esos objetivos en el plazo estipulado.
CONCLUSIÓN
Tras dos años de la aprobación de la primera ley de vivienda en España y la aplicación de zonas de mercado tensionado, se han producido los siguientes efectos:
- Debilitamiento y desprotección del alquiler residencial como la primera opción en el alquiler.
- Desviación de la oferta. Las restricciones sobre el alquiler residencial, han provocado que más de 120.000 viviendas pasen a: alquiler temporal, alquiler de habitaciones, venta, cierre de viviendas (incremento de viviendas vacías) y en menor medida, alquiler turístico.
- Caída de la oferta. Se ha producido una pérdida de oferta de alquiler residencial en más de 120.000 viviendas.
- Se dispara el número de demandantes, multiplicándose por tres a nivel nacional, y por cinco en las zonas de mercado tensionadas.
- Aumento del precio en un 26,5%, superando por primera vez los 1.000€ de media.
- Inseguridad jurídica. El grueso de las medidas de la Ley de Vivienda y las distintas regulaciones de precios e índices, ha provocado una gran confusión e inseguridad jurídica.
El alquiler residencial, cuya duración es de hasta cinco años y siete si el arrendador es persona jurídica, es la mejor modalidad de acceso a una vivienda de alquiler, por su estabilidad y seguridad, tanto para los inquilinos que quieren vivir de alquiler, como para la mayoría de los propietarios en España, que necesitan unos ingresos, bien para complementar sus pensiones o pagar la hipoteca, como sugiere el Perfil del Propietario de Vivienda de alquiler en España.
Desde el Observatorio del Alquiler hemos podido comprobar que el gran perjudicado en estos dos años de aplicación de la ley de vivienda y de implantación de zonas de mercado tensionad ha sido el alquiler residencial. Y si las condiciones no cambian, a medio y largo plazo, esta modalidad seguirá debilitándose.
Los datos siguen ofreciendo una realidad preocupante: en estos dos años, la oferta de alquileres residenciales ha caído en 120.000, agravando el problema de escasez que ya venía arrastrando el mercado de antes. Este no es un problema menor. Si hay menos inmuebles disponibles para alquilar y el número de hogares sigue creciendo como consecuencia del aumento de la población, y de los cambios en la forma de vida, es evidente que aumenta la competencia entre inquilinos y se reducen las posibilidades de acceder a una vivienda digna.
La caída de la oferta se torna dramática en aquellos lugares donde se han declarado zonas de mercado tensionado o hay intención de hacerlo. En Vizcaya, el número de viviendas disponibles se ha reducido en estos dos años en más de un 50%. En Barcelona, más de la mitad de los inmuebles que se promocionan ya lo hacen en modalidad de alquiler temporal.
Pese a que la Ley de Vivienda y las zonas tensionadas tenían como único objetivo bajar los precios, estos han seguido creciendo en estos años. Un precio medio de 1.146€, que sobrepasa los 1.500€ en zonas como Barcelona, Baleares o Madrid, es inasumible para muchas familias. A todas luces, los datos demuestran que las medidas enfocadas en intervenir e intentar controlar los precios han perjudicado gravemente a la oferta, destruyendo una parte importante del alquiler residencial. Y esta situación está perjudicando a quienes buscan una vivienda.
Urgen medidas efectivas a corto, medio y largo plazo, enfocadas a estimular la oferta de alquiler residencial y a aumentar el parque de vivienda pública para favorecer el acceso a un hogar para todos los españoles.