La vivienda es una pieza fundamental del bienestar y el desarrollo de las personas. No disponer de un alojamiento adecuado y permanente supone una privación de oportunidades y va aparejado de otros problemas como la marginación o una mayor exposición a sufrir vejaciones y agresiones físicas, psicológicas y, sobre todo en el caso de las mujeres, sexuales. Es por eso que el sinhogarismo constituye una de las expresiones más extremas de exclusión social.
El alquiler supone habitualmente el último escalón antes de quedar en la calle y el primero para salir de esta situación. Los programas de alquiler social impulsados por las administraciones públicas y otras entidades sociales son una herramienta esencial para acabar con la lacra del sinhogarismo, un problema cronificado cuya eliminación se debe plantear como una obligación colectiva de las sociedades
desarrolladas.
En este informe, el Observatorio del Alquiler analiza la eficacia del alquiler social como herramienta para combatir el problema del sinhogarismo y favorecer la inclusión social. La información se basa en datos recopilados a partir de la Encuesta de Personas Sin Hogar 2022 del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de la Encuesta sobre Integración Social y Necesidades Sociales 2021 de FOESSA.
Perfil del sinhogarismo
Según se desprende de este nuevo informe del Observatorio del Alquiler, el sinhogarismo es un problema que afecta con especial dureza a personas con un bajo nivel educativo y de ingresos, lo que subraya la relación directa entre educación, empleabilidad y riesgo de falta de hogar, que, en caso de producirse,
limita extremadamente las posibilidades de reinserción.
El sinhogarismo es un fenómeno que afecta especialmente a los hombres, que representan el 76,66% de las personas sin hogar, frente a un 23,34% de mujeres. Por nacionalidad, un 47,78% son españoles, una cifra ligeramente inferior al 49,83% de extranjeros. El 2,39% tienen doble nacionalidad española y extranjera.
Se trata de un problema con una incidencia significativa entre la población joven y de mediana edad. En general, la mayoría de personas sin hogar tienen una edad comprendida entre los 45 y los 55 años. A partir de los 60 años, la proporción va disminuyendo considerablemente. Todas estas características demográficas destacan la necesidad de plantear estrategias de intervención diferenciadas por género y edad, así como de adaptar los servicios a distintos contextos culturales y lingüísticos.
En cuanto a otros rasgos socioeconómicos que caracterizan el perfil de las personas sin hogar, la mayoría demuestran bajos niveles educativos. Un 26,84% ha completado la primera etapa de educación secundaria con título de graduado en ESO y equivalentes, seguidos de un 16,34% que cuentan con un título de Bachillerato y similares. Además, un 13,9% tan solo han alcanzado un nivel de educación primaria, mientras que el12,9% llegaron a la primera etapa de la educación secundaria, pero no obtuvieron un título de ESO.
A un bajo nivel educativo le acompaña también un bajo nivel de ingresos. Un 49,76% de las personas sin hogar perciben menos de 100 euros en total, frente al escaso 9,25% que dispone de más de 800 euros. En el tramo intermedio, un 9,31% obtiene entre 100 y 300 euros, mientras que un 31,68% cobra entre 300 y 800 euros.
Las comunidades autónomas con más personas sin hogar son Andalucía, donde residen un 20% del total; la Comunidad de Madrid (14%), el País Vasco (13%), Castilla y León (9%), Galicia (8%) y Cataluña (8%). Estos datos se refieren a la proporción sobre el total de personas en situación de sin hogar en términos absolutos.
En cambio, teniendo en cuenta la población por territorios, es Canarias donde las personas sin hogar representan una mayor proporción, puesto que son el 18,35% del total, sobre todo debido a que es la puerta de entrada para muchos inmigrantes y refugiados que llegan desde África. Le siguen Murcia (12,7%), Navarra (11,73%) o Cantabria (11,32%)
Perfil del alquiler social
En España, la mayoría de la población vive en una vivienda adquirida mediante compra, ya sea totalmente pagada (37,84%) o con pagos pendientes (27,42%). Les siguen quienes viven en la vivienda de un particular, con muebles (14,59%) o sin ellos (8,77%), así como aquellas personas que han heredado una casa o la han recibido en donación (4,87%).
Así es como se distribuyen los principales regímenes de tenencia de vivienda. Sin embargo, hay un dato que cabe destacar: el 2,38% de las personas viven en viviendas de alquiler social, aunque no se distribuyen por igual entre todas las comunidades autónomas. La región con más beneficiarios de vivienda en alquiler social es Extremadura, donde representan el 8,26%.
En cuanto al perfil de las personas que se benefician de un alquiler social, el 54,78% son mujeres, mientras que el 45,22% son hombres. Por edades, el 5,94% tienen menos de 29 años; el 31,01% tienen entre 30 y 44; el 51,68%, entre 45 y 64 años; y el 11,375 son mayores de 65 años. Por último, cabe destacar que el 85,01% son de nacionalidad española, frente al 14,99% de nacionalidad extranjera, entre quienes destacan rumanos, portugueses e italianos.
Por nivel educativo, un 27,39% cuentan con el graduado en Educación Secundaria y un 8,79% con el título de Bachiller. Un 7,75% dispone solo de una titulación de educación primaria, mientras que un 6,46% sabe leer y escribir pero no completó una educación formal. En cambio, una minoría cuentan con algún tipo de estudios superiores: un 5,94% tienen estudios universitarios de primer grado, a los que se suman un 2,07% con una educación universitaria de mayor nivel. Además, un 5,43% tienen titulación de grado medio y un 3,1% de grado superior.
Por último, entre las personas que viven en régimen de alquiler social, el 49,16% tiene un contrato de trabajo fijo; el 29,50% trabaja de forma estacional o por temporada; y el 10,66% tiene un contrato por obra o servicio.
El alquiler social debería ser el instrumento para combatir el sinhogarismo, pero es una medida de alcance muy limitado por la escasez de vivienda pública
Las causas que explican la falta de un hogar responden a una variedad de factores personales y económicos. De acuerdo con la Encuesta de Personas Sin Hogar de 2022, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la emigración a otro país o los problemas de adicciones se esconden tras el 23,56% y el 11,64%, respectivamente, de los casos. En este sentido, cabe destacar que un 18,39% señalan motivos relacionados con el alquiler, ya sea por la incapacidad de pagar la renta (9,95%), un desahucio (6,58%) o el fin del contrato de arrendamiento (1,86%).
Los datos muestran también que la mayoría de individuos están sin hogar por periodos de tiempo prolongados. Un 39,83% de los encuestados por el INE señala que vive en la calle desde hace más de 3 años, a los que se suma el 26,53% que lleva en esta situación entre 1 y 3 años, lo que incrementa aún más las dificultades para la reintegración social y económica. Esto muestra claramente la cronificación de este problema. Uno de los aspectos que aborda este informe es la percepción de las personas sin hogar de su propia situación y qué es lo que consideran que contribuiría en mayor medida a favorecer su inclusión social. Es decir, cuáles son las necesidades que identifican como más apremiantes, lo que proporciona una guía sobre qué tipo de ayuda es más urgente para acabar con el sinhogarismo.
Las personas sin hogar apuntan a la necesidad de un trabajo como la principal vía para salir de su situación. Según los datos recogidos en el informe, así lo expone un 38,69% del total, frente al 32,39% que señala a una vivienda o una habitación como la solución más eficaz para sus problemas. Se trata de los dos principales factores que los encuestados identifican, m uy por encima del resto que requerimientos, pero es preciso tener en cuenta que no pueden entenderse el uno del otro.
Pese a que la mayoría señalan el trabajo como el factor decisivo para salir de su situación, la realidad es que este elemento no puede separarse de la necesidad de disponer de una vivienda. La realidad es que sin vivienda no hay trabajo: la posibilidad de encontrar una oportunidad laboral si no se cuenta con un techo es prácticamente nula, ya que habitualmente es un requisito de la mayoría de empresas. No solo el trabajo, sino que cualquier tipo de acompañamiento o de ayuda social no sirve de mucho si no existe la posibilidad de acceder a un hogar.
Ahí es donde los programas de alquiler social adquieren mayor importancia, no solo para proporcionar una vivienda a quienes carecen de ella, sino también como punto de partida y motor para impulsar la inclusión. Sin embargo, la escasez de viviendas sociales plantea dudas sobre la capacidad de las administraciones públicas para hacer frente a este problema. Tan solo un 2,4% del total de los 18
millones de viviendas que constituyen el parque inmobiliario en España se encuentran cubiertas por algún tipo de figura de protección pública, es decir, unas
432.000.
Se trata de una cifra del todo insuficiente para cubrir la demanda y las necesidades del conjunto de la población. Las solicitudes para acceder a un alquiler social, que la mayoría ni siquiera proceden de personas sin hogar, desbordan completamente los recursos con los que cuentan las administraciones públicas. El Observatorio del Alquiler estima, partiendo de los datos facilitados por las comunidades autónomas, que solo el año pasado se registraron unas 375.000 peticiones de alquiler social. Con estos antecedentes, se explica uno de los datos fundamentales que recoge este informe: un 95,99% de las personas en situación de sin hogar podrían beneficiarse de algún tipo de programa de alquiler social y no lo hacen.
En este informe, el Observatorio del Alquiler detecta que la mayoría de personas sin hogar prefiere optar a ayudas económicas antes que a un alquiler social, ya que muchas veces perciben enormes barreras para beneficiarse de alguno de estos programas y son conscientes de lo difícil que les va a resultar conseguir uno. Así lo confirman los datos recogidos en el informe: un 80,36% de los encuestados reconoce haber solicitado una prestación económica, una cifra abrumadora frente a otros tipos de apoyo. De hecho, tan solo un 3,7% solicitó una ayuda de alojamiento.
Estas cifras constatan que las personas en situación de sin hogar no consideran que el Estado u otras administraciones públicas puedan cubrir su necesidad de una vivienda. Por tanto, a la hora de acceder a alguna ayuda, prefieren optar por prestaciones económicas antes que por una solución habitacional, ya que perciben que no se les va a conceder un alojamiento.
En este sentido, uno de los datos más interesantes que se desprenden de este informe es precisamente la relación entre el acceso a un alquiler social y las facilidades de asesoramiento que reciben las personas que podrían beneficiarse de un programa de este tipo. De acuerdo con la Encuesta sobre Integración Social y Necesidades Sociales, elaborada por FOESSA en 2021, un 72,85% de quienes se benefician de un alquiler social recibieron algún tipo de asesoramiento sobre temas de vivienda.
El informe concluye que acceder a un alquiler social y disponer así de un alivio residencial supone diversos y profundos cambios en las características socioeconómicas, incluyendo mejoras en la estabilidad laboral y la calidad de la vivienda. Los programas de alquiler social, por tanto, son imprescindibles para combatir el sinhogarismo, pero presentan graves carencias y áreas significativas de mejora. El desbordamiento del sistema evidencia la falta de cobertura, así como carencias en servicios complementarios como el asesoramiento sobre vivienda, algo crítico para el éxito a largo plazo de este tipo de iniciativas.
El informe destaca que uno de los elementos fundamentales para favorecer la inclusión social y acabar con este problema es aumentar el parque de vivienda social para que estos recursos lleguen a todas las personas que de verdad los necesitan. El alquiler es el primer paso para la inclusión social, al que debe seguir un acompañamiento integral con el que consolidar la nueva situación y beneficiarse
de las oportunidades que puedan surgir.
Además, es necesario expandir los criterios de elegibilidad para incluir a más personas vulnerables y mejorar los mecanismos de identificación para captar a aquellos que están fuera del sistema, así como desplegar una estrategia integrada que combine vivienda, educación, empleo y salud mental para abordar las causas raíz de la falta del hogar. Asimismo, resulta esencial implementar un sistema robusto
de seguimiento y evaluación que permita ajustes dinámicos en las políticas basados en los resultados y las necesidades cambiantes de la población.
Este informe destaca la urgente necesidad de incrementar el parque de vivienda pública en alquiler social como prioridad para acabar con el sinhogarismo, además de poner en marcha acciones integradas que no solo proporcionen vivienda, sino que también aborden de manera holística las diversas necesidades
de las personas sin hogar. Aumentar el parque de viviendas públicas es fundamental para garantizar el
acceso y la eficacia del alquiler social para mejorar la calidad de vida y las oportunidades de estas personas, ofreciendo no solo un techo, sino un camino hacia la reintegración socioeconómica efectiva.
